Hay una campaña contra la educación pública que comprende
recortes, una contrarreforma legal, una serie de medidas complementarias y la
nueva reforma universitaria. Las razones de fondo obedecen a motivos
ideológicos y a la búsqueda de nuevos nichos de negocio. Sobre casi todo ello
ya hemos hablado, pero los problemas siguen ahí y ante la continuidad de las
agresiones se han convocado movilizaciones para los primeros días de mayo.
1. La lógica de la que parte el Gobierno es que hemos
estudiado por encima de nuestras posibilidades, que para un mercado de trabajo
precario no hay por qué invertir demasiado, que basta con formar a una élite en
la “excelencia”. De ahí que el objetivo del gobierno es reducir la
inversión educativa del 4.6% al 3,7% del PIB, muy lejos del deseable 7% que
dedican los países de nuestro entorno con mejores resultados. Ello producirá el
consiguiente impacto en la calidad del sistema educativo (despido de profesorado,
aumento de la ratio, recorte de la atención a la diversidad, de becas y de
comedores, endurecimiento de las condiciones de trabajo, etc.); impacto solo
aminorado por el esfuerzo del profesorado y las familias comprometidas
con la escuela pública.
2. El
anteproyecto
de ley de educación (LOMCE) es clasista, privatizador, confesional,
antidemocrático y desahucia a una parte importante del alumnado al segregarlo
de forma temprana hacía vías muertas. Lo más reciente ha sido el
varapalo
que ha recibido del Consejo de Estado. Esta institución es un cementerio de
elefantes de la clase política y no el soviet de Petrogrado. Que una
institución tan conservadora haya dictaminado contra la LOMCE indica que solo
el ministroWert está a la derecha del sentido común.
El Consejo dice que no entiende que la ley no vaya
acompañada de una memoria económica que asegure su financiación; critica la
pérdida de participación de la comunidad educativa; pide que Educación para la
Ciudadanía sea obligatoria, como en otros países europeos; que no se debe
discriminar al alumnado que curse religión, sin que puedan asistir a las clases
alternativas que imparten valores éticos y sociales; no ve las subvenciones a
centros que segreguen por sexo sin justificación y pide medidas académicas a
favor de la igualdad; las comunidades bilingües son las que deben garantizar
una proporción razonable de su lengua y el castellano; los exámenes externos,
en su caso, tienen que realizarlos funcionarios públicos y no empresas privadas
o profesores contratados.
Por último, reclama un gran pacto social que dé estabilidad
al sistema educativo. Este punto es el más importante, porque un anteproyecto
que no tiene ningún tipo de consenso de la comunidad educativa y sólo es
defendido por el ministro de Educación más desprestigiado de la democracia,
nace inevitablemente muerto
3. En tercer lugar están las normativas complementarias a la
LOMCE, que se viene aplicando en algunas CCAA como Madrid y ahondan en la
privatización de la educación y minan la igualdad de oportunidades. Apelando a
la “libertad de enseñanza”, a la “transparencia informativa de los
centros” o a la “calidad educativa, permiten la libre oferta y demanda de las
plazas escolares como si fueran establecimientos comerciales. Veamos en
el caso de Madrid, por lo que tiene de avanzadilla, algunas de estas medidas:
a) La nueva normativa sobre jornada continuada en los
colegios de primaria. Surge con la intención de enfrentar a la comunidad
educativa entre sí, de generar diferentes situaciones para beneficiar a la red
concertada, de perjudicar a las familias con menos recursos y de suprimir los
comedores escolares.
b) El decreto de libertad de elección de centro. Se
crea una zona única de escolarización por municipio, se desregula la
organización que facilitaba la proximidad al centro y la socialización con el
entorno más cercano, y se facilitará el trasvase, la masificación de unos
centros públicos y la desaparición de otros, aumentando los conciertos
privados.
c) La publicación en forma de ranking de las
pruebas de conocimientos y destrezas indispensables. Que no tienen en
cuenta el contexto de los centros, la composición del alumnado y los recursos
disponibles; solo sirven para elaborar un ranking que daña la
imagen de los centros, profundiza en la competitividad entre centros y
pervierte el fin de la educación, ya que provoca, en la práctica, que se
oriente hacia la prueba. En vísperas del inicio de la campaña de matriculación
la CAM ha publicado el ranking de centros [vídeo al final del artículo].
d) Los nuevos sistemas de acceso y de regulación de las
listas de interinos, porque plantea la oposición como si fuera el Trivial,
viene a reducir a la mínima expresión el valor de la experiencia o suprime los
méritos por formación; ello conduciría a miles de despidos y a abrir la
posibilidad de contratar a nativos sin ninguna oposición.
4. La Universidad Pública también está llamada a la
movilización por la difícil situación que tiene derivada del Plan Bolonia y la
Estrategia Universidad 2015. Acosada por el recorte en su financiación y las
deudas con las Comunidades autónomas, por la tremenda subida de tasas y recorte
de becas y en investigación y por el despido de profesores y personal. Otra
amenaza es la nueva reforma universitaria que supone la entrada de las empresas
en la universidad para supeditarla al mercado, lo que se ha dado en llamar el
“capitalismo académico”. Ello haría perder las funciones que debe de tener una
universidad pública: el carácter universal, humanístico, autónomo y crítico.
Ante este panorama de agresiones y la posible aprobación por
el consejo de ministros del anteproyecto de la LOMCE, se está levantando una
ola de rechazo. Se han empezado a convocar movilizaciones como los encierros y
noches en verde del día 25 y del último fin de semana de abril. Las
movilizaciones de profesorado interino en Madrid, Andalucía y Comunidad
Valenciana. Y todo el malestar que provoca la ley Wert se manifestará
en la huelga general de la Enseñanza Pública del 9 de mayo y afectará a toda
España y a todos los niveles educativos. Está convocada por todo el mundo:
sindicatos, estudiantes y AMPAS.
Lo único razonable, a estas alturas, es la retirada del
anteproyecto de ley y la apertura de una negociación seria entre todos los
sectores afectados. Lo contrario, hacer caso omiso de la crítica de todos los
sectores y del propio Consejo de Estado, y aprobar el 10 de mayo la ley en el
Consejo de Ministros, es ir descaradamente a por la educación pública. Y eso
tendrá respuesta y consecuencias. El Gobierno debería aprender que las mareas
suben y bajan, que cuando se retiran no retroceden: es su manera natural de
recordarle que volverán. La marea verde seguirá haciendo arena de la roca.
Agustín Moreno es profesor de Enseñanza Secundaria en
Vallecas (Madrid) y miembro de la Marea Verde.
