La polémica por la selección de maestros interinos en Madrid
y la publicación de un informe sobre los fallos de los aspirantes en una prueba
reabre el debate sobre la calidad de la Educación Pública
¿Se trata de exigir más formación a los docentes o de crear
mejores condiciones en las aulas?
Un informe de la Comunidad de Madrid sobre los desastrosos
resultados de una prueba de aspirantes a maestros interinos de
Primaria ha sembrado la duda sobre el nivel de formación de los docentes y ha
reabierto el debate sobre la calidad de la escuela pública.
El gobierno de Ignacio González ha apostado por cambiar
unilateralmente los criterios de selección, mientras que los profesores
aseguran sentirse difamados y critican lo que llaman doble discurso oficial:
hablar de perseguir la excelencia mientras se recortan empleos y se empeoran
las condiciones de trabajo en las aulas. Las comunidades autónomas han reducido
conjuntamente el gasto en profesorado interino no universitario en cerca de
1.800 millones de euros entre 2009 y 2013. ¿Se puede apostar por una educación
de calidad y ahorrar a la vez? ¿La clave está en endurecer los requisitos
para ejercer como educadores?
Sobre este punto hay puntos de encuentro incluso entre PP y
PSOE. La consejera de Educación madrileña, Lucía Figar, pidió públicamente al
ministro José Ignacio Wert que modificara la formación de los docentes porque
tienen “lagunas importantes”, pero antes Alfredo Pérez Rubalcaba ya había
propuesto que
los profesores pasaran obligatoriamente un MIR parecido al de los médicos.
Figar sostiene que la clave está en "garantizar que los
mejores lleguen a las aulas". Para ello, y tras no llegar a un acuerdo en
la mesa sectorial, acaba de establecer por decreto una modificación en los
baremos para acceder a los puestos vacantes. A partir de ahora la nota del
examen pesará un 80% en la calificación final, y dejará la antigüedad y los
méritos académicos en un 15% y un 5%, respectivamente. Antes la proporción era
de 36,1%, 46,8% y 16,1%, respectivamente. Los sindicatos han rechazado de plano
esta decisión, y han anunciado acciones legales y movilizaciones. El martes los
interinos se reunirán para decidir si van a la huelga.
Pública versus concertada
"Buscan que la sociedad, los alumnos y los padres estén
contra los docentes", asegura Antonio Martínez, presidente de Enseñanza en
CSI-F Madrid. "La Consejería no justificó este cambio con datos en ninguna
de las reuniones que mantuvimos. Y casualmente el día que lo anuncian presentan
un informe, sobre el que pesan serias dudas, en el que los docentes aparecen
casi como analfabetos", resume Isabel Galvín, secretaria general de la
Federación de Enseñanza de CCOO Madrid. "Es claramente una difamación
contra quienes sí pasan un examen para trabajar, algo que no ocurre en la
escuela privada y concertada", afirma.
La referencia al modelo público versus privado-concertado
tiene, al menos en Madrid, un trasfondo de debate ideológico. Hace unos días,
en un foro organizado por un grupo cercano al Opus Dei, la expresidenta
madrileña Esperanza Aguirre aseguró que los resultados educativos en Madrid
están "bastante mejor que la media europea" porque "casi un 50%
de los colegios de la región son concertados".
Los sindicatos argumentan que lo que persigue la
Administración con dar menor valor a la antigüedad en los concursos de acceso a
las aulas es abaratar el gasto en salarios, ya que se deja fuera a docentes con
derecho a trienios y sexenios. “Pero también se resta el aporte de la
experiencia”, aseguran. “Es falso que se persiga la excelencia. La reforma
menosprecia los méritos académicos y circunscribe la valía de un profesional a
la nota de un examen. Así los cursos, masters o carreras que pueda tener un
docente, o los idiomas que maneje, sólo suman medio punto”, explica Galvín.
Errores inaceptables
"No estamos contra la exigencia, todo lo
contrario", esgrime Galvín, que reconoce que algunos de los errores
señalados en los exámenes, como los de ortografía, son
"inaceptables". Pero apunta a que es un problema general y no sólo
del sector. "Los profesores tienen errores de ortografía. ¿Y los
periodistas? ¿Y los médicos? ¿Y los políticos? Esto precisa de una solución
integral y profunda. No se arregla sacando de la ecuación a los docentes con
más experiencia", reflexiona.
"Quieren menos interinos y poder elegirlos con los
criterios que más les convengan en cada momento", asegura Eduardo Sabina,
de UGT. Una sospecha que complica aún más la situación para miles de docentes,
en un contexto en el que las comunidades autónomas han reducido de media el
gasto en interinos un 7,9%.
Según una estimación del gabinete de estudios de la
Federación de Enseñanza de CCOO, sólo en Madrid se han perdido en los últimos
cuatro años unos 6.000 puestos de trabajo, lo que se traduce en más estudiantes
por clase, maestros con más horas en clase y menos preparando los temas, menos
docentes dedicados al apoyo a alumnos con dificultades o inmigrantes y también
menos profesores de especialidades como plástica o música.
Este "ajuste necesario" no va en detrimento de la
calidad de la Educación, según palabras del ministro Wert. Los sindicatos
sostienen lo contrario, y aseguran que se les quiere hacer responsables de los
problemas de la enseñanza. Ya está en el Congreso el anteproyecto de la futura Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que la
oposición rechaza de plano. Una vez tramitada, se comenzará a analizar el
estatuto docente. La polémica acaba de comenzar.
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